Explosivos. El Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos, incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 93/15/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, relativa a la armonización de las disposiciones sobre la puesta en el mercado y el control de los explosivos con fines civiles. Dicho real decreto regulaba asimismo los requisitos y condiciones de la fabricación, circulación, almacenamiento,

comercio y tenencia de explosivos, cartuchería y pirotecnia.

La aprobación del Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, supuso un hito esencial en cuanto a que

exceptuó a la pirotecnia y la cartuchería del ámbito de aplicación del Real Decreto 230/1998,

de 16 de febrero, separando en dos reglamentos diferentes ambas materias, por un lado, los

explosivos de uso civil, quedando regulados por Real Decreto 230/1998, y por otro, los

artículos pirotécnicos y la cartuchería, regulados actualmente por el Real Decreto 989/2015,

de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y

cartuchería, cuya justificación se basa en el hecho de que los requerimientos técnicos en el

ámbito de la seguridad no tienen el mismo grado de complejidad y exigencia.

En el ámbito europeo, y mediante el Reglamento (CE) n.º 765/2008, del Parlamento

Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, se establecen los requisitos de acreditación

y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, se regula la

acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad, se adopta un marco para

la vigilancia del mercado de los productos y para los controles de los productos procedentes

de terceros países y se establecen los principios generales del marcado CE.

Posteriormente, se publica la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los

productos, que establece principios comunes y disposiciones de referencia aplicables a

toda la legislación sectorial con el fin de establecer una base coherente para la elaboración,

revisión o refundición de dicha legislación.

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